Fiscalía podrá registrar llamadas.

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional cambió la redacción del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, que permitía la detención inmediata del sospechoso de un delito, y en su lugar redactó la norma que legalizaría el seguimiento de celulares o teléfonos.

La Fiscalía quedaría facultada para registrar y cruzar las llamadas telefónicas de cualquier ciudadano. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional cambió la redacción del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, que permitía la detención inmediata del sospechoso de un delito, y en su lugar redactó la norma que legalizaría el seguimiento de celulares o teléfonos.

Si se aprueba la reforma de ese artículo, los fiscales pueden "exigir información de cualquier particular o funcionario, emplazándolos conforme con las circunstancias del caso" y los policías están obligados a cumplir con el mandato oficial, sin que sea necesario una autorización de un tribunal.

El artículo genera polémica porque permite las grabaciones de conversaciones y, como algo novedoso, obliga a las empresas y a organismos públicos de telecomunicaciones a crear "unidades permanentes, de 24 horas y de 7 días a la semana" que recojan la información o el registro de ubicación de personas requeridas por las autoridades. Pero no se habla de grabaciones en la propuesta legislativa que modifica 49 artículos del Código Orgánico Procesal Penal. La reunión fue diferida ayer debido al cansancio de los diputados de la Comisión de Política Interior, representantes de la Fiscalía, Procuraduría y tribunales, que trabajaron más de seis horas. Pruebas plenasAyer se acordó que el Ministerio Público y los tribunales estarán obligados a considerar con valor aprobatorio las investigaciones que efectué el Parlamento en algunas acusaciones. La disposición fue incluida en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar de que la Fiscalía advirtió que el nuevo artículo 198, ordinal a, vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa. Los representantes del Ministerio Público indicaron que el Parlamento sólo puede establecer responsabilidad política y que corresponde a los jueces dictaminar sí hay delitos: "Si se acoge esta idea, la Fiscalía tendría que acusar de forma directa, sin que prive una investigación", adujeron. Iris Varela, del PSUV, refutó el argumento y acusó a los abogados de desconocer la Constitución, específicamente los artículos 187 y 224, que establecen que las averiguaciones sobre hechos (bien sea de supuesta corrupción o violación de derechos) elaborados por la AN pueden ser considerados pruebas en un juicio, y que es obligación de los jueces evacuar las evidencias o soportes. "Delitos mediáticos" La fiscal general, Luisa Ortega, tendrá hoy un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea Nacional para exponer los alcances del proyecto de ley especial contra delitos mediáticos. El documento fue remitido a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios, que lo envió a secretaría junto con el informe de impacto económico. El trámite permitiría darle urgencia reglamentaria y que sea incluido en la agenda y, por tanto, aprobado en primera discusión y devuelto a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios para las consultas públicas. En la cuenta fue incorporado también el proyecto de ley de procesos electorales. El Parlamento tiene ahora una amplia agenda, y los diputados no se irán de vacaciones sino que convocarán a sesiones extraordinarias a partir del 15 de agosto.